El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, confirmó hoy que la polícía retomó el control de un centro correccional para menores, tras casi 30 horas de un motín que dejó tres vigilantes muertos y al menos cuatro heridos.
En rueda de prensa, el funcionario dijo que la Policía Nacional Civil (PNC) recuperó el control de la Correccional Etapa II, y rescató con vida a cuatro monitores o vigilantes que eran retenidos por los internos desde el mediodía del domingo.
Rivas añadió que se privilegió el diálogo con los internos a fin de garantizar la vida de los cuatro monitores, que permanecían en poder de un grupo numeroso de internos quienes amenazaban con ultimarlos.
Pese a los “buenos resultados” del operativo de rescate de los retenidos, uno de los cuatro monitores falleció esta tarde en el hospital, mientras que los otros tres se reportan en estado grave.
El director general de la PNC, Nery Ramos, indicó a su vez que luego de unas 30 horas de “trabajo continuo”, y al constatar que los reclusos en la Correccional “estaban muy agresivos”, se decidió la incursión policial.
Reiteró que la incursión se cumplió con éxito, al rescatar con vida a los cuatro monitores y reducir al orden a los amotinados, a quienes describió como pandilleros peligrosos, que desde el domingo protestaban contra las autoridades.
Dijo que también se coordinó el traslado esta noche de 45 reos a la Torre de Tribunales, donde serán sometidos a la justicia acusados de la muerte de los tres vigilantes.
El domingo comenzó el motín en la Correccional Etapa II, ubicada en el municipio de San José Pinula, en las inmediaciones de la ciudad de Guatemala, atribuidos a reos de la mara Barrio 18, quienes protestaban contra las autoridades y exigían el traslado de un grupo de reos de una banda rival.
En la Correccional Etapa II se encuentran internos condenados por asesinato, extorsión, robo, entre otros delitos graves, pero los menores de edad sólo pueden ser condenados a seis años de prisión.
Aunque muchos reclusos cumplen la mayoría de edad, no son enviados a penales para adultos y se quedan en el lugar, pese al hacinamiento, y conviven con niños con conflictos leves con la ley.
Se trata del segundo conflicto en una dependencia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, luego del incendio en una casa hogar ocurrido el 8 de marzo pasado, que dejó 40 niñas fallecidas.
Fuente:Notimex/JM
