La ex vocera del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez Colio, fue vinculada a proceso por los delitos de abuso de poder, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público.
La jueza Verónica Portilla Suazo dictó además un año de prisión preventiva y seis meses para que la fiscalía haga la investigación complementaria toda vez que refirió que solicitará a la Comisión Bancaria y de Valores información sobre dos cuentas de Banamex desde donde la Sefiplan hacia los depósitos a 8 empresas.
Asimismo, las declaraciones de los representantes legales de las empresas y los empleados de las Coordinación de Comunicación Social, así como la inspección ocular a los domicilios de las empresas y una pericial contable.
Y es que la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que Domínguez Colio habría beneficiado a empresas "fantasma", empresas de conocidos y familiares del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y empresas propias, con pagos millonarios con recursos públicos, incluso del rubro de provisiones salariales y económicas del Gobierno del Estado.
La jueza determinó que Gina Domínguez Colio es probable autora material de los hechos delictivos por haberlos cometido de manera dolosa ya que ordenó Asus subordinados hacer el pago a empresas con los que no se celebró contratos, en omisión a las leyes.
Además, consideró que no actuó de manera independiente, sino con la participación de otros funcionarios incluso de la Sefiplan, y que excedió sus funciones violentando el Código Financiero del estado.
Además, la Fiscalía involucró a otros funcionarios duartistas que avalaron los pagos, entre ellos ex tesoreros y ex secretarios como Tomás Ruiz González, Edgar Spinoso Ferrera, Vincente Benítez, José Francisco Díaz, Gabriel Deantes Ramos, Antonio Tarek Abdalá, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Carlos Hernández Martínez, Mauricio Audirac Murillo, Juan Manuel del Castillo, Arnulfo Fragoso, Antonio Gómez Pelegrín, Fernando Charleston, Juan Manuel Moreno Torres y Carolina Estrada Acosta.
En la audiencia de vinculación realizada en la sala de juicios orales, el fiscal Julio Rodríguez Hernández precisó que durante el sexenio duartista se pagaron 5 mil millones de pesos por convenios con medios de comunicación y que durante el paso de Gina Domínguez el daño al Gobierno del Estado habría sido de 105 millones 937 mil pesos.
Entre las empresas beneficiadas con pagos millonarios derivadas de acuerdos verbales y no contratos figuran dos empresas "fantasma" se señaló al Centro de Recursos de Negocios (Cerebro) y Morgavert, a quiénes Gina Domínguez ordenó el pago de 11 millones 688 mil pesos y 12 millones de pesos, respectivamente.
Además a otras empresas como Monmart le fue pagado 30 millones de pesos; a G-Man Smart Business, 17 millones de pesos y Cordocan, presumiblemente propiedad de Gina Domínguez, el Gobierno habría pagado 4 millones 822 mil pesos.
A Corporativo Ribello se le habría encontrado 5 millones de pesos; a Comercializadora Maza de Córdoba, 17 millones 250 mil pesos, y en este caso la Fiscalía reportó que no se le hallaron bienes; a New Villegas Nueva Imagen, 7 millones 675 mil pesos.
Además, la Fiscalía argumentó que durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se habría beneficiado a medios de comunicación propiedad de la familia Sánchez Macías con 300 millones de pesos y Othón González con 200 millones de pesos
Lo anterior sin que mediara un contrato o convenio para la prestación del servicio y que según la Fiscalía en muchas ocasiones eran pagos a medios que sólo imprimir una hoja que se regalaba como en el caso del periódico Centinela.
Otros medios señalados como vinculados a Gina Domínguez son el Águila de Veracruz y Radio Capital, que fueron señalados por testigos protegidos de la Fiscalía como empresas beneficiadas con contratos millonarios.
Tras más de 4 horas de audiencia la Fiscalía General solicitó la vinculación a proceso de Gina Domínguez por los delitos de abuso de poder, cumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del servicio público.
Esto debido a que presuntamente ordenó ilegalmente a sus subalternos Mario Rafael Villegas Rivadeneyra y Luis Manuel Salgado González hacer el pago a 8 empresas sin haber contrato y sin haber prestado el servicio.
Aseguró que Gina Domínguez ordenó pagos excesivos y fraudulentos en contra del Gobierno del estado en el periodo de 2001 a 2014, por hacer incluso pagos en efectivo con lo cual violenta la Ley de Coordinación Fiscal.
Testigos acusan a Gina
En la presentación de pruebas, la Fiscalía General presentó los testimonios de dos testigos protegidos y que son trabajadores de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
El testigo protegido identificado con el número 1, aseguró tener temor de que algo le pueda pasar pies consideró Gina Domínguez como una persona vengativa que agrede a quien la "atacan".
Basó su opinión en una supuesta orden que dió la ex funcionaria para que golpearan a Mario Rafael Villegas, luego de que tuviera diferencias con él.
Sobre las imputaciones, precisó que la ex funcionaria no quería que se supiera cuánto se pagaban por los acuerdos con los medios de comunicación por lo que no permitió que se firmaran contratos.
"Aquí no se firman contratos", dijo que fue la orden de Gina y que a partir de entonces la Sefiplan dejó de dar la suficiencia presupuestaria para pagarle a los medios de comunicación.
Luego, dijo que la ex funcionaria se molestó porque en 2012 la Sefiplan recortó los gastos para la Coordinación y dejó 50 millones de pesos, por lo que Domínguez Colio pidió que los gastos se distribuyeran en otras áreas.
Narró que los dueños se reunían con Gina Domínguez y acordaban los montos mensuales que se les pagarían. Y abundó que en el caso de las empresas Radio Capital y El Águila de Veracruz, recibieron aumentos considerables en las cantidades que recibían.
"No había justificación para tales gastos porque los medios no tenían impacto, a veces solo eran unas hojas impresas como El Centinela, que repartían en el centro; eran designaciones directas y los medios ni siquiera entregaban testigos", leyó el fiscal sobre la declaración del testigo.
Asimismo, precisó que ni la Contraloría General del estado ni el Orfis, revisan los gastos en medios de comunicación ya que al revisaban los pagos que salían en la Gaceta Oficial del Estado.
El testigo argumentó que esta práctica de no realizar contratos firmados replicada por su sucesor en el cargo, Alberto Silva Ramos, y que empresas como Cordocan y Corporativo Ribello recibieron más de 70 millones de pesos durante el Gobierno duartista.
"(Gina) estaba interesada en que el pago a estas empresas fuera rápido y bien. Todos sabíamos que cuando entró al cargo tenía una situación económica de nivel medio pero salió millonaria; eran evidentes sus derroches y la vida de millonaria que se daba. Todos sabíamos que se enriquecía y tenía la protección del Gobernador".
El testigo identificado con el número 2, narró a la Fiscalía que los procesos de asignación de convenios con medios de comunicación no se realizaban por contratos sino por orden de Gina Domínguez.
"Antes las facturas iban soportadas con testigos, pero desde que llegó a la Coordinación se dejó de hacer", leyó el fiscal sobre la declaración del testigo.
Acusó que la empresa Comercializadora Maza de Córdoba es propiedad de primos del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y que Gina Domínguez creó a dos medios para que recibieran pagos altos.
LA DEFENSA PIDE LIBERTAD DE GINA
En la audiencia de vinculación a proceso, el abogado de Gina Domínguez, Abraham Cerón Palafox, basó su tesis en que la Fiscalía hizo su investigación sobre la denuncia presentada por el actual coordinador de Comunicación Social, Ellas Assad, que a su vez se desprendió de una auditoría que no figura en el expediente.
Además, que esta auditoría se realizó el 20 de enero de 2017, a pesar de que ella concluyó con su encargo el 19 de febrero de 2014, y que en todo caso el nuevo titular tenía 30 días hábiles a partir de la salida de Gina Domínguez para presentar alguna denuncia.
A esto la Fiscalía respondió que la auditoría correspondió al proceso e entrega-recepción del sexenio duartista y no únicamente del paso de Gina por la Coordinación.
La defensa consideró que los delitos que se le imputan no se acreditaron y que en todo caso la orden de pago es parte de su labor como encargada de la Coordinación.
Acusó que las declaraciones de los testigos son "manifestaciones aisladas" y que no se acreditó el vínculo entre Gina Domínguez y los medios que aseguraron eran de ella.
Sobre el pago a empresas "fantasma", el abogado defensor dijo que el SAT las boletinó como tal el 26 de abril de 2017, y que no tenía manera de saber sobre esto pues ella dejó el cargo en 2014.
