La Arquidiócesis Primada de México dio a conocer que especialistas de El Vaticano ya analizan la viabilidad de aplicar la excomunión a los políticos corruptos.
En la editorial del semanario Desde la Fe, afirmó que la conducta de gobernadores y funcionarios imputados por estos hechos, pisoteó la dignidad de los gobernados, aniquilando mejores condiciones para su futuro. Indicó que con justificada razón la sociedad pide que los partidos respondan como terceros responsables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuentes que ahora están bajo proceso.
Consideró que lo más justo y lo mínimo sería la cancelación del registro de los partidos políticos cómplices y la obligación legal de reparar los daños causados, que siguen impidiendo el avance del desarrollo y del bien común.
A continuación la editorial íntegra:
Excomunión a corruptos
Recientemente se dieron a conocer los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la malversación de recursos federales otorgados a los Estados; simplemente, el desvío impide saber cuál fue el destino de monumentales cantidades otorgadas a las 32 entidades federativas que, en conjunto, no han podido comprobar casi 98.2 mil millones de pesos, mismos que habrían tenido que ser aplicados al desarrollo, infraestructura, deuda pública, seguridad social o provisiones salariales y económicas, en el período comprendido entre 2013 y 2015.
Según la ASF, sólo cinco entidades concentran el 56 por ciento de los recursos desviados, mismas que descuellan por los altos índices de marginación, pobreza, inseguridad, criminalidad, feminicidios y desigualdad; se trata de Veracruz, Michoacán, México, Jalisco y Oaxaca. Estos Estados han sido gobernados bajo distintas banderas y colores partidistas.
Cuando se discutió y aprobó la llamada Reforma Político-Electoral, las fracciones parlamentarias propusieron ambiciosos lineamientos de blindaje, a fin de proteger las candidaturas e impedir que el crimen organizado se hiciera de las riendas del poder, evitando que los cárteles tomaran el control absoluto, como fue en Michoacán, donde prácticamente la corrupción e impunidad patrocinó ‘narcocandidaturas’; sin embargo, resultó que el enemigo estaba en casa. Así es, los partidos no se blindaron de las ambiciones corruptoras y desmedidas de gobernadores, cuyas administraciones dan evidencia contundente del nivel de degradación absoluta.
Ni el Instituto Nacional Electoral ni los partidos políticos han sido incapaces de garantizar los mínimos elementales de transparencia y honorabilidad. Desde la pasada elección federal de 2012, la historia muestra la gran tragedia que soportamos. Los criminales son los mismos gobernantes que, en su momento fueron supuestamente escogidos bajo lupa a través de procesos rigurosos de selección, “dignísimos líderes” merecedores de confianza, pero que en los hechos demostraron el cinismo del fraude a la ley y la burla al electorado, y como siempre, los más pobres son los grandes perdedores debido a la rapacidad de estos gobernadores que encarnan a la corrupción misma.
Mientras se acerca el inicio del Proceso Electoral 2018, los ciudadanos manifiestan desconfianza creciente hacia un sistema de partidos en irrefrenable caída y descomposición que, al final, se niegan a responder de las atrocidades cometidas por sus gobernadores que, al amparo de sus partidos, devastaron las economías de los Estados del país. Con justificada razón la sociedad pide que los partidos respondan como terceros responsables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuentes que ahora están bajo proceso. Lo más justo y lo mínimo sería la cancelación del registro de los partidos políticos cómplices y la obligación legal de reparar los daños causados, que siguen impidiendo el avance del desarrollo y del bien común.
Estas conductas también tienen consecuencias morales y espirituales. El Papa Francisco recuerda cómo la corrupción degrada la sana convivencia e impide la justicia que a todos corresponde. La conducta de gobernadores y funcionarios imputados en la comisión de delitos pisoteó la dignidad de los gobernados, aniquilando mejores condiciones para su futuro. Así, especialistas de la Santa Sede analizan ya la viabilidad para aplicar la máxima de las penas a estos políticos rapaces, a fin de sensibilizar a la sociedad de la gravedad de sus actos: la separación del cuerpo eclesial, es decir, la excomunión a los corruptos.
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Fuente: Desde la fe/doh/foto: archivo
