Ninguno de los estados evaluados en el Índice Legal de Obra Pública, incluido Veracruz, cumple con los indicadores que se toman en cuentan en este reporte que realizó el Instituto Mexicano Contra la Corrupción (IMCO), señaló el investigador Arturo Piñeiro.
En entrevista telefónica con xeu Noticias, el integrante del IMCO habló sobre el estudio en el que analizaron el marco jurídico y su cumplimiento en 15 entidades federativas, para conocer la calidad del desarrollo de su obra pública.
El Índice Legal de Obra Pública (ILOP) contiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios mínimos que deben ser contemplados por el marco normativo que regula toda obra pública. Estos criterios se rigen por siete ejes transversales para garantizar el buen desarrollo de la obra, explicó el especialista.
Los criterios mínimos se rigen por siete ejes transversales para garantizar el desarrollo de la obra pública, que son competencia, finanzas públicas, fiscalización, planeación, responsabilidades administrativas, tecnologías de la información y transparencia.
Al analizar dichos aspectos, se encontró que ninguno de los estados cumple con los requisitos mínimos evaluados, “derivado de la opacidad, impunidad, corrupción (…) todos están reprobados en pocas palabras”, señaló Piñeiro.
En el caso de Veracruz, señaló que la entidad cumplió con seis indicadores con el 100 por ciento, pero en el resto no.
En los últimos lugares se encuentran Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas.
Para mejorar en los índices, el IMCO propone impulsar una ley general de obra pública a nivel nacional, pero si esto no se logra por lo complicado que podría ser, cada entidad debería tomar un modelo de las leyes generales que están en discusión y legislar al respecto.
Otras recomendaciones son:
Publicar marco normativo vigente.
Regular la actuación del mayor número de entes públicos y privados.
• Utilizar plataformas electrónicas para el desarrollo no presencial de los procedimientos y la publicación de toda la información relacionada con la obra pública.
• Habilitar Padrón de Contratistas para agilizar los procedimientos.
• Impulsar una Ley General de Obra Pública que regule a los tres niveles de gobierno en sus procesos de planeación, contratación, ejecución, evaluación y auditoría de la obra pública.
• Exigir para todos los casos la realización previa de: 1) investigación de mercado; 2) proyectos y estudios; 3) autorización de recursos.
• Eliminar barreras a la participación con base en criterios geográficos y ventajas indebidas por criterios de localidad.
• Incorporar mecanismos para prevenir, detectar y contener acuerdos colusorios.
• Prever supuestos de excepción a la licitación pública justificados.
• Asegurar que los procedimientos de invitación restringida sean competidos.
• Restringir la participación de colegios o cámaras empresariales en los comités técnicos de obra pública.
• Incluir al testigo social en obras de relevancia por su impacto social y económico.
• Topar la modificación de los contratos al 10% de su plazo o monto*.
• Prever el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).
*Escuche la entrevista
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